Equifax Enfrenta Preguntas, Posibles Acciones de Clase Después de la Violación de Datos

Equifax Data BreachEs su peor ciber-pesadilla … con preocupaciones sobre la seguridad de sus datos, recurrir a la fuente de confianza para la protección de esa información personal, sólo para saber que la fuente de confianza fue víctima de una de las mayores brechas de datos de la historia. Eso es exactamente lo que ha sucedido a millones de personas que confiaron en Equifax para salvaguardar sus datos financieros personales.

Según los peritos de la industria, los hackers tuvieron acceso a los archivos de datos de la compañía durante dos meses, de mayo a julio. Los funcionarios de la empresa reconocieron que los hackers pudieron eludir los sistemas de seguridad, dándoles la posibilidad de obtener una amplia gama de información, desde números de licencia de conducir hasta números de Seguro Social, fechas de nacimiento y direcciones. Se estima que hasta 143 millones de personas fueron expuestas. Equifax informó que más de 200,000 números de tarjetas de crédito de consumidores estaban comprometidos.

Equifax, con sede en Atlanta, es una de las tres principales agencias de informes de crédito en los Estados Unidos. La compañía recopila y administra información financiera sobre más de 800 millones de personas y casi 100 millones de negocios.

A principios de este mes, USA Today informó que Equifax ahora enfrenta por lo menos 23 demandas de acción colectiva relacionadas con la violación de datos. Los expertos prevén que habrá más. Una demanda colectiva es una forma de acción legal que permite que las partes con reclamaciones similares sean representadas colectivamente por un miembro o miembros del grupo. El proceso de acción de clase permite que todas las reclamaciones similares se resuelvan en un solo procedimiento, en lugar de hacerlo a través de un gran número de acciones individuales.

Según funcionarios de la compañía, se enteraron de la violación a finales de julio, pero no la revelaron públicamente hasta principios de este mes, ya que habían contratado a una compañía de seguridad independiente para investigar el incumplimiento y hacer recomendaciones sobre maneras de reforzar la seguridad.

En las secuelas de la divulgación, las acciones de la compañía también ha tenido un gran éxito, perdiendo más del 10% de su valor en una semana.

Los expertos de la industria dicen que los consumidores estarán sobre todo en sus los propios cuando viene a protegerse que se mueve adelante. Un representante de la Comisión Federal de Comercio recomendó que las personas monitoreen sus reportes de crédito de manera regular, pongan alertas de fraude en las tarjetas de crédito, presten más atención a los estados de cuenta bancarios y presenten sus declaraciones de impuestos lo antes posible.

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¿Acaso la Raza o de género juegan un papel en la discapacidad?

Muchas personas creen que la raza y / o de género juegan un papel en las determinaciones de discapacidad. Esto es absolutamente falso. La edad es un factor, pero la religión o el color de su piel no es considerado por la Administración del Seguro Social (SSA) para determinar la discapacidad.

Los tomadores de decisiones: los controladores de las reclamaciones, los examinadores de la discapacidad, los médicos la revisión y jueces de derecho administrativo son todas las razas, religiones y géneros propios, por lo que consideran que estos factores estuvieron implicados sería un error.

¿Qué se considera?

Sus deficiencias:

Impedimentos físicos y mentales se consideran. También lo son otras cosas como la obesidad, el dolor, la fatiga y el alcohol o cualquier adicción a las drogas. Ambas condiciones graves y no graves, deben ser considerados en la evaluación de su capacidad general para mantener el empleo.

Su edad:

SSA reconoce que las personas mayores de 55 años de edad que tienen más dificultad para ser contratado en un empleo de nivel profesional o hacer ajustes.

Su educación y experiencia de trabajo:

¿Sabe leer y escribir en Inglés? ¿Puede contar con el cambio o el balance de su talonario de cheques?
¿Qué tipo de trabajo ha realizado en los pasados 15 años? ¿Qué tipo de habilidades se enteró de que podía transferir a menos exigentes de trabajo?

Su situación financiera (a veces):

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es basada en la necesidad, por lo que los ingresos y los activos se consideran.
Seguro Social por Incapacidad (SSDI) no está basada en la necesidad, y lo puede conseguir con millones en el banco o nada a su nombre. Los jueces tienden a mirar a la historia del trabajo (buen empleado, empleo a largo plazo) y ganancias (se que una fuente de ingresos altos salarios) como un factor para determinar la discapacidad. El razonamiento es que los altos asalariados y las personas que estaban con una compañía durante mucho tiempo son menos propensos a dejar de trabajar a menos que realmente no pueden continuar. Las personas que saltaron de trabajo de baja remuneración a empleos de baja remuneración sin tener una carrera de verdad no están tomando tan grande la pérdida financiera mediante la aplicación del seguro de discapacidad.

* La información adicional se puede encontrar en línea en www.socialsecurityjustice.com.

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Tort Reform€ in Texas: Implementing the Corporate Immunity Agenda

From Alex Winslow, Texas Watch, Consumer Protection, Corporate accountability, Citizen Advocacy

Over the last decade, Texas Governor Rick Perry has presided over a series of radical legislative proposals that, under the guise of so-called tort reform, reward those who needlessly endanger our communities at the expense of families and small business owners. The Texas Watch Foundation’s latest report, Tort Reform in Texas: Implementing the Corporate Immunity Agenda, details the impact these restrictions have had on the rights of patients, families, workers, homeowners, senior citizens, policyholders, and small business owners.

Beginning with the dramatic, sweeping changes in 2003 that severely restricted the rights of patients and nursing home residents, as well as the crony capitalism behind the creation of the Texas Residential Construction Commission, and ending with the so-called œloser pays proposals of 2011, the last decade has been marked by a series of dangerous restrictions on bedrock legal and constitutional protections.

Today, Texas is place that would be unrecognizable to the framers of our state and federal constitutions who believed the right to a trial by jury was fundamental.

You can read this report at www.texaswatch.org.

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THE OUTRAGEOUS AND SAD FACTS ABOUT EMERGENCY ROOM MEDICAL ERRORS


FACT #1: BAILEY & GALYEN receives 30 40 calls each month from potential new clients wanting to sue an emergency room doctor and hospital for their negligence.

FACT #2: Most of those potential new cases do actually involve clear negligence by the emergency room doctor and hospital.

FACT #3: Even with clear negligence by the emergency room doctor and hospital, you cannot pursue or file that case because the emergency room doctor and hospital are protected by Texas law.

The Texas legislature in 2007 amended the laws that deal with medical malpractice cases. Texas Civil Practice and Remedies Code Sec. 74.151, entitled Liability For Emergency Care, now states that a person who in good faith administers emergency care is not liable in civil damages for an act performed during the emergency unless the act is wilfully or wantonly negligent. The legislature has raised the level of proof required to file a lawsuit to the highest possible degree of negligence: Wilfull or wanton negligence, which means the medical error must have been intentional. That’s right. To hold the emergency room doctor and/or the emergency room staff accountable for any serious injury or death, you must be able to show that the treatment or lack of treatment by emergency room doctor and/or the emergency room staff totally disregarded or was totally indifferent to the known consequences which the patient suffered. It requires proof of actual or deliberate intention to harm the patient, or at a minimum an absolute and complete indifference to or conscious disregard for the patient’™s safety. That standard is insurmountable, and it slams shut the courthouse door on the innocent victims.

Not being able to file a civil suit when a loved one has suffered serious complications, injuries or death from emergency room errors is a hard pill to swallow. How did this happen, you might ask? It is the result of the collision between political agenda of tort reform and patient safety where political agenda won.

The problem is that tort reform advocates never believe that they will be the innocent victim of emergency room medical malpractice. Further, they all believe that if they are, their claim will be meritorious and different from all those frivolous medical malpractice claims they heard so much about from tort reform advocates. The fact is that emergency room medical malpractice happens very frequently, and those who thought they would never find themselves in the innocent victim’™s shoes and who supported the popular political agenda of tort reform do not like not being unable to hold accountable those responsible for these serious injuries and deaths. Put another way, Texas law gives emergency room physicians and hospitals absolute and complete immunity.

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WARNING! Be Careful What You Post

Do you have a Facebook, MySpace or other social networking account? Could anything on your site be considered inconsistent with the claims in your lawsuit? Have you posted anything that you would be embarrassed to talk about in open court if your case goes to trial? Do you believe that your postings are private” only available to those you allow access so the insurance defense lawyer can’t get them? If you answered yes to any of these questions, please continue reading.

Kathleen Romano’s personal injury case made headlines when the judge ordered her to deliver a signed consent allowing the defense access to her current and historical Facebook and MySpace pages, including postings and other information she thought was private. Ms. Romano alleged in her lawsuit that she suffered serious permanent injuries when she sat on a defective chair manufactured by Steelcase Inc. that caused her to fall. Her claimed injuries included herniated discs, restricted motion in her neck and back, progressive deterioration, pain and loss of enjoyment of life. Ms. Romano also claimed that she had been largely confined to her house and bed since she fell. However, the defense lawyers in her case found her Facebook profile photo showed her standing outside of her house smiling happily and other content that indicated she had recently taken a trip to Florida.

The judge ruled that because the public portions of [Ms. Romano’s] social networking sites contain material that is contrary to her claims and deposition testimony, there is a reasonable likelihood that the private portions of her sites may contain further evidence, such as information with regard to her activities and enjoyment of life, all of which are material and relevant to the defense. The judge ordered Ms. Romano to give the defense access to her private postings to look for other information to attack her claims. The judge ruled that Ms. Romano had no reasonable expectation of privacy online.

You should expect that the insurance defense lawyers in your case are checking social networking sites for information they can use against you. You should assume that if the insurance defense lawyers ask, the judge in your case will give them access to your private postings. Don’t be surprised if the defense lawyers in your case ask for and receive access to postings that you deleted from your site. Here’s a good rule to follow before posting: Assume anything you post can and will be used against you in a court of law.

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